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TRANSACCIONES COMERCIALES EN LOS ESTADOS UNIDOS
por Lee D. Stimmel
Introducción:
Cada uno de los
cincuenta Estados tienen sus propias versiónes de las leyes que rigen a las
transacciones comerciales. Todas son
derivados del Código Uniforme de Comercio, que es una serie de reglas y
procedimientos ordinarios para las transacciones comerciales realizadas
entre las empresas. Este Código también estipula la forma de garantizar las
transacciones y la prioridad entre entidades en competencia en cuanto a
embargar la garantía en caso de insolvencia.
Las transacciones
relacionadas con el comercio internacional normalmente están sujetas a las
disposiciones del código comercial del estado respectivo, dependiendo de si
los bienes se transfieren dentro del mismo estado para su reventa o para su
uso en dicho estado.
Los Códigos establecen
los derechos y recursos en caso de no pago o no entrega de los bienes y
también describen en detalle las garantías expresas e implícitas que la ley
supone para los bienes enviados a un determinado estado.
Es común que las
empresas obtengan asesoría legal local antes de participar en un negocio
importante dentro de un estado en particular, con el objeto de asegurarse
de que están cumpliendo con la respectiva versión del Código Uniforme del
Comercio y con las garantías contempladas en las leyes vigentes en dicho
estado.
Es incluso más común
que las entidades que participan en dichos negocios utilicen documentos
contractuales como órdenes de compra ("OC"), facturas,
cartas de confirmación, documentos de embarque y otros similares para
modificar las disposiciones de las normas y leyes aplicables y para limitar
las garantías y los riesgos.
Entre los comerciantes,
las leyes les permiten libremente suscribir contratos y de modificar la relación y la
aplicabilidad de las leyes. Normalmente, las reglas del Código Uniforme de
Comercio sólo son aplicables a aquellos términos y condiciones que las
partes no han establecido por sí mismas en los documentos contractuales. Si
el contrato omite alguna condición, dicha condición se crea por lo
establecido en el Código Uniforme del Comercio. Si usted establece sus
propios términos y condiciones, éstas normalmente prevalecerán sobre las
disposiciones del Código Uniforme del Comercio. Por lo tanto, es importante
que tenga un control sobre sus transacciones mediante la inclusión de los
términos y condiciones que prefiera.
Sin embargo, aquellas
transacciones que corresponden a ventas directas al público, están sujetas
a una supervisión mucho más estricta por parte del gobierno porque se trata
de proteger al consumidor y la posibilidad de limitar su responsabilidad en
dichas transacciones es minima por el ministerio de la ley.
PROTECCIÓN MEDIANTE DOCUMENTOS
CONTRACTUALES
Considerando que los
Estados Unidos no consideran el pago de las costos y honorarios legales a
la parte ganadora si no existe un documento escrito que así lo estipule, y
tomando en cuenta que los tribunales están sobrecargados de trabajo y que
muchas veces pueden pasar varios años antes de llegar a un fallo, la
mayoría de las empresas en los Estados Unidos redactan cuidadosamente su
documentación comercial con el objeto de establecer alternativas y evitar
el costoso proceso legal de un juicio.
Es más, puesto que las
leyes permiten a los comerciantes establecer la mayoría de los términos y
condiciones aplicables a sus transacciones sin la intervención del
gobierno, la empresa típica creará formularios ordinarios para sus
órdenes de compra, facturas, confirmaciones de pedidos y todas las
demás transacciones comerciales a fin de lograr un sistema totalmente
estructurado y eficiente en cuanto a costos y equitativo para determinar
las obligaciones de las partes y la forma de resolver las controversias.
Incluso en las transacciones
directas con el público es posible limitar la responsabilidad y los gastos
de diversas maneras, con lo que la inversión en la creación de la
documentación se paga ampliamiente a sí misma la primera vez que surge una
controversia. Obviamente, los documentos preparados para los consumidores
deberán ser redactados teniendo en debida cuenta las diversas disposiciones
que protegen a los consumidores en casi todos los estados.
Los términos y
condiciones que normalmente utilizan las empresas para mejorar su
eficiencia son:
1.
La definición precisa de quién debe realizar qué, cuándo lo debe realizar y
cuánto costará.
2. Las definiciones
de lo que se considera un rendimiento aceptable y cuáles son las
especificaciones con las cuales deben cumplir los bienes inmuebles.
3. Los métodos de
devolución de los inmuebles que no
se ajustan a lo especificado.
4. Las
indemnizaciones a pagar en caso de incumplimiento de contrato.
5. Una cláusula que
estipule que las controversias se resolverán mediante arbitraje y no ante
los tribunales. Los honorarios legales serán de cargo de la parte
perdedora.
6. Una definición
precisa de las garantías y las limitaciones aplicables.
7. El tipo de
garantía que se entregará en relación con el pago e inspección de los
bienes.
8. Las leyes
aplicables y el lugar donde se realizará el arbitraje para resolver las
controversias.
El valor que tienen estos
términos y condiciones puede quizás comprenderse mejor con el siguiente
ejemplo típico.
La controversia típica
es si los bienes inmuebles se ajustan a las especificaciones o infringen la
garantía y/o si éstos son entregados oportunamente. Supongamos que no
existe ninguna disposición escrita al respecto. Entablar un juicio en
Estados Unidos le significará un costo mínimo de treinta mil dólares a
cada una de las partes. La parte que gane el juicio no tendrá derecho a
percibir el pago de los honorarios legales; por lo tanto, si dicha parte
obtiene veinte mil dólares y tiene que pagar treinta mil dólares por
concepto de honorarios legales, todo lo que obtendrá es una sentencia que
le adjudica veinte mil dólares y el efecto directo de esta
"victoria" es la pérdida de los diez mil dólares que deberá pagar
a los abogados, lo que es más que lo obtenido en el juicio.
Basándose en estos
aspectos económicos, el demandado (incluso al inicio del caso) ofrecerá
quizás pagar cincuenta centavos por dólar, incluso si su caso tiene pocos
fundamentos... y el análisis de costos y beneficios a los cuales se ve
enfrentado el acreedor indica que es aconsejable aceptar la oferta puesto
que, aún ganando el juicio ante el tribunal, podría resultarle más caro que
aceptar el cincuenta por ciento de inmediato.
Todo ello puede ser
radicalmente modificado mediante la creación de facturas u órdenes de
compra que incluyan una cláusula de arbitraje que estipule que la parte
ganadora tendrá derecho a percibir el pago de una suma razonable por
concepto de honorarios legales. Este proceso es totalmente privado, dura
unos cuatro meses, cuesta quizás la mitad de los que costaría un juicio
ante un tribunal y la parte ganadora tendrá el derecho de cobrar los
honorarios legales en que hubiese incurrido. De esta forma, la parte
cuyo caso es débil se enfrenta a la desagradable posibilidad de tener que
pagar no sólo los honorarios de su propio abogado...¡sino los honorarios de
los abogados de ambas partes!
Esto, a su vez, detiene
las disputas antes de que comiencen y fomenta una resolución amistosa.
Por lo tanto, es obvio
que las empresas normalmente pueden limitar el efecto del costoso sistema
procesal de los Estados Unidos en la mayoría de sus transacciones y
establecer un procedimiento privado para la resolución de controversias
mucho más eficiente como es el arbitraje, siempre que sean lo
bastante refinadas en la redacción y uso de los documentos apropiados desde
un principio. La clave es preparar un paquete de documentación tipo y
capacitar al personal para que sepa qué documentos debe utilizar para cada
una de las diferentes transacciones.
BATALLA DE FORMULARIOS; LIMITACIONES
RESPECTO DE SU USO
El valor que representa
el uso de estos formularios tipo hace que las diferentes partes traten de
utilizar sus propios formularios, los cuales incluyen disposiciones que
prevalecen sobre aquellas de las otras partes. Sólo la redacción cuidadosa
y la debida capacitación respecto a la forma de rechazar los formularios
alternativos puede garantizar que los suyos sean los documentos operativos.
Además, dichos
formularios muchas veces NO son aplicables a las transacciones con los
consumidores, debido a las diversas ordenanzas locales y estatales
promulgadas para proteger los derechos del consumidor. (Así, para incluir
una cláusula de arbitraje en un contrato de consumo en California, hay que
redactarlo de tal forma que el consumidor renuncie a su derecho de ir a un
juicio con jurado y acepte el arbitraje, etc.) Normalmente una empresa
creará una serie de formularios específicos para propósitos específicos:
una para los consumidores, otra para los comerciantes, etc.
También es esencial
tener en cuenta que los impuestos aplicables a una transacción pueden ser
considerables y que dichos impuestos deberán ser cuidadosamente asignados
en los términos y condiciones; además, las instrucciones de
entrega/embarque, deben tener en cuenta las implicaciones tributarias que
se enfrentan.
Pero prevalece una
regla básica: mientras más leyes locales existan, más importante es para
las empresas crear un juego de formularios para aumentar al maximo su
protección y limitar los gastos que significan las inevitables
controversias que surgen en los negocios.
Si bien los gastos
varían de acuerdo a la localidad, rara vez le costará a una empresa más de
unos pocos miles de dólares la creación e impresión de los formularios
básicos que utilizará. Sólo contestar a la primera demanda entablada ante
un tribunal de Estados Unidos significará un costo mayor. Indudablemente
estos formularios son el método de protección más eficaz en cuanto a costos
para las transacciones comerciales efectuadas en Estados Unidos.
Las cartas o
correspondencia electrónica intercambiada entre los comerciantes puede
crear un contrato de carácter vinculante, pero para aumentar al maximo la
protección y evitar los costos de un juicio, la carta o correspondencia
electrónica debe contener, al menos aquellas cláusulas comunes que
recomienden los asesores legales experimentados.
Estos Artículos
pretenden entregar al lector una descripción general de ciertos aspectos
legales. Es necesario contar con asesoría legal para aplicar estos
conceptos legales a su situación individual. El lector debería obtener
una asesoría legal competente antes de confiarse en los Artículos.
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